La Provincia de Entre Rios, ha montado una serie de laboratorios dentales, como complemento de la atención odontológica pública, destinados a proveer dichos implementos de rehabilitación bucal a pacientes sin cobertura social. Estos centros, cuyo costo por unidad ascendió a la suma de $ 10.000, se encuentran ubicados en Paraná, La Paz, Gualeguaychú, Concordia, Villaguay, Concepción del Uruguay y Feliciano.
En cada uno de éstos establecimientos se realizan en promedio unas treinta prótesis dentales, que tienden a disminuir en forma gradual las necesidades acumuladas en la población de bajos recursos.
Siempre ha de ser bienvenida la decisión gubernamental de encarar la cobertura del nivel de salud correspondiente a la rehabilitación.
La provisión de prótesis dentales involucra, no solo el costo de la infraestructura y aparatología de laboratorio, sino también el de los recursos humanos que deben prestar los servicios; los odontólogos para las tareas clínicas,y los técnicos para la confección de los aparatos protéticos. A todo ello, deben sumarse los insumos, el personal auxiliar de mantenimiento y la planta administrativa que dé soporte al sistema.
Es indispensable analizar ésta compleja estructura de costos y determinar si la relación costo-beneficio que se establece, comparándola con algún sistema de tercerización a través de contratos de pago por prestaciones, con honorarios sociales convenidos consensuados con instituciones profesionales ( Círculos, Federación ), o a través de listas abiertas de libre adhesión, resulta favorable para las arcas estatales.
Un punto importante que también juega un papel a analizar, es la disponibilidad horaria del sistema, que en muchas oportunidades es restringido y obliga a los requirentes a faltar a su trabajo, con la consiguiente caída laboral que suma costos cuando se analiza en el contexto socio-económico.
Bienvenida por cierto la decisión de los poderes públicos, pero a no dudarlo, debe ser adecuadamente monitoreada y auditada para evitar un dispendio de recursos que pueden resultar excesivos cuando se los contrasta con algún sistema de tercerización privada que, por otra parte, le exime al Estado de gastos superfluos que pueden darse en los casos de mala-praxis, por impericia, negligencia u otras razones que pueden alterar gravosamente los costos finales del sistema.
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