Dada la importancia del caso, he interrumpido deliberádamente la secuencia sobre enseñanza de la Odontología, que será por supuesto momentánea
En primer lugar desconozco a la institución que la publica ( Progrado ), y me llama la atención el logo de la misma, que dá a entender su pertenencia a la Facultad de Odontología de la UBA, la cual debe haber autorizado el uso de su denominación, ya que de no haber sido así, constituiría una flagrante apropiación indebida.
Tambien me llama la atención, la falta de alguna firma responsable, aunque debo suponer que los responsables de la publicación son los representantes del claustro de Graduados en el Consejo Directivo, quienes a mi, como graduado, no me han consultado, aunque tal vez no me haya enterado de alguna reunión o asamblea en la que se debatió el tema. Sí observo que han sido consultados todos los Odontólogos de planta de la Ciudad de Buenos Aires. Hubiera resultado de interés publicar la nómina de los encuestados, y haberles requerido alguna modesta contribución para cubrir la erogación ( $ 2 a C/U por ej. ) con lo que hubieran financiado el costo de la solicitada, y no tener que recurrir al auxilio de las empresas dentales , lo que supone alguna connivencia con los autores, o por lo menos con sus opiniones, lo que resulta bastante incomprensible.
Lo extraño es la falta de consulta a las instituciones odontológicas de la Ciudad como la AOA, Fociba,
CORA, CAO, AAO etc. que bien podrían haber opinado sobre el tema.
Es lógico que si se le consulta a un colega desprevenido sobre un tipo de institución que desconoce, y se acompaña la consulta con algunos preconceptos como: "un organo que no dignifica la profesión"(?), "un organo con intereses recaudatorios" o " un organo que encarece la profesión y es cuestionado en otras regiones del Pais", la respuesta es obvia. Supongo que los encuestadores habrán mostrado algún anteproyecto que apoyara sus prejuicios, del cual pudieran obtenerse conclusiones tán drásticas; o que hubieran exhibido las leyes de colegiación de otras Provincias para que se pudieran analizar sus objetivos.
Así los encuestados podrían haber tomado conocimiento de algunos aspectos relevantes de dichas leyes, como la defensa de los intereses de la profesión, el poder disciplinario fuera de los organos del Estado, la fijación de los honorarios profesionales, la habilitación de los consultorios y clínicas dentales, el control de los regímenes de trabajo en relación de dependencia a través de los registros de contratos, la persecución del ejercicio ilegal de la profesión, la interlocución con los poderes del Estado en su condición de entidades paraestatales, la matriculación sin intermediación de la burocracia etc. Pero no debe dejarse de remarcar, que si bien las leyes de colegiación apuntan a un autoordenamiento de las profesiones, tambien determinan la proteccion de los intereses de la población. La colegiación por tanto, no es una concesión gratuita a una profesión, apunta tambien a un compromiso con la comunidad, de alli que la aprobación de una ley con dichas características, involucra a ambos sectores.
No caben dudas que los intereses que se mueven detrás de los oponentes a la colegiación, no son congruentes con la defensa de los intereses profesionales, y sin duda priorizan un viva la pepa en el ejercicio profesional, que a la larga deja a la profesión a merced de intereses de otra naturaleza.
Se descalifica a los colegios profesionales en aras de una presunta libertad y democracia, y se los califica de aparatos recaudatorios, olvidando que dichas instituciones representan el autogobierno de la profesión, y que sus autoridades se eligen democráticamente en elecciones donde el voto es obligatorio para todos los colegiados.
Es mas fácil reclamar la democracia cuando no se la posee, que defenderla cuando molesta con sus exigencias.
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