EL FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD

 En Argentina, desde hace varias décadas, se sostiene mayoritáriamente como principio que el financiamiento de la educación pública superior es responsabilidad del Estado, de la misma manera que lo es la enseñanza primaria y secundaria.
Gracias a la universidad, no solo los cursantes exitosos podrán graduarse y obtener ventajas comparativas en el mercado laboral
traducidos en altos ingresos y en ascenso social.
La misma sociedad utiliza para su desarrollo el producto de la investigación y creación del conocimiento, que en última instancia tambien son condiciones inherentes al funcionamiento de las casas de altos estudios.
El hecho cierto, es que quienes acceden a los claustros universitarios no deben estar sujetos a ningún tipo de arancelamiento, aunque en última instancia la universidad no es gratuita, porque la sostiene el conjunto de la sociedad.
Sin embargo, la legislación permite que se pueda recurrir al establecimiento de derechos o tasas que contribuyan al financiamiento de los servicios que se prestan, fundamentálmente en el área del posgrado, el servicio a terceros, la transferencia tecnológica y los royalties por innovaciones y aportes que genere la investigación.

El concepto de gratuidad de la enseñanza, por tanto, prevalece sobre los criterios de autofinanciamiento, y el estado aporta anualmente a través del presupuesto aprobado por el parlamento un porcentaje del PBI  variable a través de los años.
Entre 1961-1965, el promedio aportado era del órden del
0.49 % del PBI; entre 1981-1985 ascendió al 0.58 %, y luego, por un cambio en los paradigmas reinantes en la década del 90 descendió al
0.51 %, y se trató de imponer el arancelamiento de los estudios tomando como base una serie de cifras obtenidas a través de encuestas que estimaban que solo el 3.57 % de los alumnos era hijo de obreros de bajos recursos económicos, el 3.35 % es hijo de jubilados y el 2.63 % es huérfano.  Así se concluía que el 90.45 % restante estaría en condiciones de pagar un arancel, ya que el
65 % de los mismos provenía de colegios privados en los que abonaban entre 300 y 1200 dólares mensuales.
No obstante, entre los años 1993 y 2004 se mantuvo una media de
0.57 % del PBI, dando comienzo a una curva ascendente que la elevó a 1.02 en 2003, suma que representa el 3.5 % del presupuesto para  el año.
Sin embargo, no puede decirse que el presupuesto de las universidades públicas argentinas sea alto, ya que representa casi la cuarta parte del que asignan los paises desarrollados.
Finlandia, Canadá, Australia, EE.UU, Alemania, Reino Unido y Francia son algunos de los paises que se encuentran en esa situación. Paraguay, México, Brasil, España e Italia casi duplican la cifra de Argentina.  Chile y Uruguay se ubican un poco por encima y Japón apenas por debajo.
Un factor que tiene bastante incidencia en la calidad de la educación universitaria y en la buena formación del estudiantado, es el costo del educando por año.
A fines del siglo XX, cada uno de los alumnos de las universidades públicas de nuestro país costaba por año 640 dólares, mientras que no muy lejos, un estudiante de la Universidad de San Pablo costaba 7000 dólares.
En la primera década de éste siglo, la relación entre Argentina y otros paises fué cambiante. Para 2004, la inversión por alumno en nuestro país era de 478 dólares, siendo de 6000 la media latinoamericana y de 11000 la inversión promedio en el mundo desarrollado.
La relación entre la inversión universitaria y el costo por graduado es también una ecuación a tener en cuenta al analizar la calidad y cantidad del recurso humano obtenido.

En 2009, se destinaban por graduado como promedio en el sistema público universitario, la suma de 35.714 dólares, que luego ascendió en el último presupuesto a 52.386 dólares.
Existe al mismo tiempo
una disparidad manifiesta de acuerdo a las distintas universidades.
Así la Universidad Nacional de Rosario destina 21.000 dólares por graduado, y la Universidad Nacional de Salta 350.000.  Lo que pareciera una formidable inversión desde éste dato en su expresión global para el país, no lo es en la relación del presupuesto con los alumnos que apenas llega a los 3083 dólares en 2013, lejos todavía de los índices que hemos mencianado, aunque desde los 478 dolares del 2004, significa un considerable incremento.
Desde otro ángulo, cabe remarcar que la cantidad de graduados con relación al número de estudiantes es un dato negativo en comparación al de otros paises.  En Chile y Brasil, se gradúan 66 por cada 100 ingresantes. En Argentina sólo 26, lo que determina el progresivo encarecimiento de nuestros graduados.
La creación de nuevas universidades con la consiguiente explosión de la matrícula, incrementada en casi 500.000 nuevos alumnos desde 2003, la ha elevado a 1.800.000 inscriptos en todas las universidades nacionales del país, sin embargo, el número de graduados no se ha incrementado en la misma proporción.

Otro aspecto negativo, lo constituye la distribución del presupuesto universitario que prioriza el gasto en salarios, y escásamente se destina a las áreas prioritarias para el desarrollo nacional y para combatir la desigualdad en el acceso de la población de escasos recursos.  En éste último aspecto, se observa un recorte apreciable en un 47 % de las becas comunes y un 55 % de las destinadas a las áreas prioritarias, dejando de lado el progresivo incremento que se había producido en la última década.
El monto total asignado a las universidades nacionales en 2013, asciende a 21.849.628.405 pesos, que exponemos distribuido por cada universidad al comienzo de éste artículo, y representa el 3.5% 
del cálculo de recursos y presupuesto de gastos total de la administración pública nacional, porcentaje similar al del año 2012.
Este presupuesto cubre el funcionamiento de 47 universidades, e incluye programas de incentivos a investigadores, refuerzos a instituciones de reciente creación, el sostenimiento del programa 
UBA Amartya Sen y la reparación histórica de la Universidad de Luján.  Desde 2009 se ha casi duplicado el presupuesto, y en relación a 2012 representa un incremento del 24.5 % acompañando la inflación.
Vale la pena remarcar que los montos asignados a cada universidad no responden a ningún tipo de estudio de necesidades reales. La práctica de distribución sostenida en un presupuesto base cero, que se   estudió en los últimos años del siglo pasado no dió resultado, y se mantuvo el régimen actual de fijar las partidas según la media histórica, cuando nó por razones de presión política.
No caben dudas que el cúmulo de recursos volcados a las 47 universidades nacionales, representa un esfuerzo significativo dentro del marco presupuestario general.  Sin embargo, según muchos estudiosos del tema, el monto global resulta limitado en relación con las demandas actuales del sistema universitario nacional. Las cifras más abultadas tienden a cubrir los incrementos salariales, sin embargo el personal no docente recibe retribuciones bajas para sus aspiraciones, y los sueldos docentes no prevén una mejora que dignifique su función en el contexto de una desigual remuneración para otras áreas del estado eminéntemente burocráticas. Las dedicaciones exclusivas, que impiden al docente o investigador el desarrollo de tareas ajenas a su función, no son retribuidas en relación a su responsabilidad y al tiempo que insume su tarea.
Tampoco se observan asignaciones importantes para infraestructura y equipamiento, si se tiene en cuenta que las universidades más antíguas poseen edificios envejecidos que requieren ingentes recursos no ya para su modernización, sino símplemente para su mantenimiento en condiciones decorosas. Un ejemplo paradigmático lo constituye la Universidad de Buenos Aires, cuya infraestructura brilla por su obsolescencia ( con algunas excepciones ), y que al mismo tiempo debe aplicar recursos significativos para su estructura hospitalaria propia, con varias unidades entre las que se destaca por su monumental estructura el Hospital de Clínicas José de San Martín, que consume buena parte del presupuesto de la UBA, y que integra
un conjunto edilicio en las dos
manzanas que bordean la plaza Housay, que piden a gritos una renovación que responda a las exigencias que la ciencia y la  pedagogía modernas requieren.
Es cierto que nunca resultará suficiente el presupuesto de cualquier universidad para satisfacer las demandas que provienen de las propias casas de estudios y de la población en general, y que dicha asignación se debe enmarcar en el cuadro presupuestario nacional, siempre deficiente para dar solución a todas las necesidades del país.

El mantenimiento de la educación universitaria pública y gratuita, se corresponde con las previsiones del Art. 19 inciso 75 de nuestra
constitución nacional, y el Estado debe atender a dicha demanda asignando los recursos necesarios para un adecuado desenvolvimiento del sistema.
La incorporación progresiva de nuevos sectores sociales a los bienes del desarrollo como la educación superior, es no solo un imperativo ético, sino una condición necesaria para la existencia de una nación.
En buena parte de Europa, Japón y los países del Sudeste Asiático, el estado es el motor que impulsa las universidades, sobre cuya producción científica y tecnológica se asienta la modernización, el desarrollo, las innovaciones y la prosperidad de sus pueblos.
Lo importante es evitar el malgasto y la mala asignación de los recursos disponibles, bajar los índices de deserción y desgranamiento de los educandos y erradicar los procesos de enseñanza-aprendizaje masificantes con bajo estándar de conocimientos y habilidades.
Decía Tedesco hace tres décadas, " el recurso humano calificado que se requiere para el futuro, no es el que abunda en Argentina ".
Hoy podemos afirmar que dicha aseveración se mantiene vigente en las áreas claves del desarrollo nacional, pero éste hecho no tiene que ver tanto con la calidad de nuestros graduados sino con su pertinencia en la estructura socio-económica, con las deficientes políticas de orientación de la matrícula, con la falta de planificación de los recursos humanos y con la ausencia de planes contingentes que los incluyan en una amplia participación en la toma de decisiones político-técnicas a futuro, por sobre las especulaciones político-partidistas de corto plazo.