Escudriñando en la historia del proceso social que le dió marco al desarrollo del sector sanitario, no pueden obviarse los cambios impuestos por la situación de estancamiento, cuando no de retroceso de los índices sociales y económicos que expresan la marcha del país, sin desconocer que son tambien corresponsables, las instituciones y dirigentes de cada sector a través de las políticas que instrumentaron para enfrentar la crisis de la profesión y de cada uno de los miembros de su clase, una clase profesional que sobrevive a la crisis mas pobre y menos esperanzada; qué cambia sus hábitos y limita sus exigencias razonables, pero que no deja de luchar para no perder su identidad manteniendo sus vínculos con la ciencia, la cultura y los mecanismos de mejoramiento profesional.
La disímil suerte laboral de sus miembros, ha creado senderos de separación más que de unión, y la frustración ha horadado cada uno de esos sectores sin que se entienda que la ruina de unos arrastrará a los otros, y que de nada valdrá buscar salidas individuales si no se privilegia una acción de conjunto a través de sus instituciones, entendiendo que ninguna de ellas supera en capacidad a la suma de las capacidades individuales de cada uno de sus miembros.
La tarea institucional, consiste en armonizar y canalizar las inquietudes y propuestas de sus integrantes, a sabiendas que las mismas oscilarán desde la resignación a la prédica descabellada. La resignación no es buena consejera, tampoco lo es la búsqueda de soluciones irreales.
A nadie escapa, que la situación actual pivotea sobre dos factores excluyentes: la indisponibilidad (no ausencia) de recursos y los costos de la atención. No somos los profesionales los responsables del desfinanciamiento de la seguridad social y del uso por lo menos discrecional de sus dineros. Tampoco somos formadores de costos, sino simplemente administradores impávidos de una escalada inflacionaria que impacta sobre nuestro trabajo, sin que dispongamos de mecanismos razonables y lógicos de gestión y actualización.
No puede desconocerse que uno de los aspectos que condicionan los costos de la atención odontológica, se halla vinculado con la mayor demanda per cápita de los servicios y la extención de la cobertura. Las expectativas de la población, mejor informada respecto de la potencialidad de la odontología moderna, hoy se traducen en mayores requerimientos de atención. La enfermedad ya no se acepta como hecho inexorable, y su prevención y tratamiento se incluyen y se demandan en la plenitud del derecho a la salud.
Resulta contradictorio sin embargo, que algunos idearios que se manejan en nuestras instituciones gremiales, que debieran defender a raja tabla dicha concepción, se alian con los organismos y entidades financiadoras aplicando mecanismos retrógrados que limitan los montos a percibir por los profesionales y el número de prestaciones a realizar en lapsos determinados, aceptando además la instauración de garantías que vulneran la norma científica y técnica, sin proponerse luchar por el control o supervisión del manejo de los fondos que esos organismos disponen y aplican arbitrariamente ( se puede consignar al respecto, que el gasto global en odontología en el País asciende a cuarenta y cinco mil millones de pesos anuales, lo que representa alrededor de ochocientos mil pesos anuales por odontólogo y de mas de mil pesos por habitante). Este hecho, aceptado por instituciones y profesionales individualmente ha alterado la relación con nuestros pacientes que desde siempre fué de consideración y respeto. Los mecanismos que otrora se usaran para desalentar la demanda, responsabilidad que los propios usuarios descargaban en los sistemas financiadores, llámense Obras Sociales o prepagas, han sido reemplazados por cortapisas empresarias que hoy enlodan a los propios prestadores, quienes deben asumir, a conciencia por supuesto ante sus pacientes, el costo político y ético de justificar limitaciones, recortes e imposiciones, en muchos casos aceptados por sus propias instituciones en alianza con sus dadores de trabajo.
Estos enfoques metodológicos, no sólo conculcan un derecho inalienable de los enfermos y una responsabilidad de los profesionales. Ni siquiera se compadecen con enfoques científicos como la relación costo-beneficio o costo-efectividad.
Solo se atiende a la supervivencia de sistemas y organismos, ineficientes,y en algunos casos se prohijan corruptelas que poco hacen para optimizar su función y mucho para desvirtuar objetivos que en otros tiempos fueron caros a nuestra profesión .
Basta con señalar como indicador de lo poco que se hace para mejorar la situación descripta, la ausencia casi total de estudios y trabajos de investigación sobre temas claves del ejercicio profesional. Esta responsabilidad les cabe a las instituciones educativas, científicas, gremiales y de derecho público, que todavía no han comprendido la necesidad de desentrañar las razones, dilemas y consecuencias que acarrean las actuales formas de desarrollo de nuestra profesión, desechando los aportes que la bio -estadística, la socio-epidemiología y la investigación operativa ponen a nuestro alcance . A modo tan solo de ejemplo, podemos detallar Algunos de los innumerables temas pasibles de estudio entre los que se destacan:
Incierta Inserción ocupacional.
Explotación profesional.
Pérdida de autonomía y prestigio.
Ausencia de Políticas de Salud.
Financiamiento sectorial.
Incremento de recursos humanos y tecnológicos extrasectoriales
nó legitimados o no remunerados .
Estancamiento del sector público.
Irrupción de capitales multinacionales y extrasectoriales en el
Mercado de la salud.
Políticas inciertas sobre garantia de calidad de la atención.
Burocratización de la práctica.
Políticas Institucionales.
Incentivos para la radicación geográfica regional.
Impuestos y cargas sociales.
Costos de Infraestructura y Equipamiento.
Presión tecnológica y farmacoquímica.
Educación continua y reciclaje del conocimiento.
Especialización.
Oferta profesional en expansión.
Bioseguridad.
Mala praxis.
Estos, y muchos otros temas, se constituyen en verdaderos dilemas del ejercicio profesional.
Los proveedores de servicios de salud y el propio estado, adhieren a una nueva ética que va calando hondo en la sociedad, que es la " etica consecuencialista , vale decir aceptar como un precepto inconmovible aquello de "el fin justifica los medios". Valdría la pena sin embargo, que dichos organismos explicitaran claramente cual es el fin que persiguen. La realidad nos dice que ese fin no es otro que la limitación desmedida del gasto en un caso, y el olvido de las responsabilidades en el otro, siempre bajo un disfraz de demagogia y solidaridad.
No repitamos los errores del presente y del pasado. La generación de nuevas conductas dirigenciales que apunten a desprogramar las políticas negativas y a encauzar una decidida defensa del odontólogo como trabajador de la salud, debe constituir el escenario normativo hacia el cual enfocar el ejercicio de la profesión. Resulta perentorio sustituir la sujeción que hoy marca la relación entre los odontólogos y su dirigencia, por un verdadero lazo que dignifique a la muchedumbre de colegas acuciados por la crisis. Sólo la incertidumbre y la falta de trabajo, cómo la relativa seguridad que pueden representar los aranceles indignos institucionalizados, sujetan todavía dicha dependencia y desestimulan una reacción orgánica. Tan solo una ética libre de cortapisas y argumentos insostenibles, con base en la equidad, solidaridad y justicia distributiva, habrá de asegurar un bienestar digno para los profesionales odontólogos, sin que ello signifique el desapego y el olvido de nuestras responsabilidades ante la comunidad.
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