EL ODONTOLOGO EN TIEMPOS DE CRISIS

Nadie pone en duda que la odontología es un instrumento de salud y de bienestar social, a lo que tienen derecho todos los habitantes, con exclusión de su condición económica; y que el paliar las circunstancias que tiendan a enervarlo, más que un imperativo es una obligación de los propios profesionales.
Esta situación, aceptada y asumida por el odontólogo, no obsta para que, como trabajador de la salud inmerso en un sistema social que en general lo caracteriza como recurso humano profesional privado y liberal, requiera de una retribución acorde que le permita una subsistencia digna para el sustento de su familia.
En otras épocas de bonanza económica, la población accedía al consultorio dental con sus propios recursos, acordando una especie de contrato virtual a través del cual convenía las condiciones, que no eran impuestas en forma unilateral, sino más bien consensuadas en el marco de una relación prestador-paciente ampliamente aceptada.
Los mecanismos de la seguridad social, tuvieron un comienzo a través de instituciones como las mutualidades, cooperativas, agrupamientos de sectores de la comunidad y algunas organizaciones públicas estatales que actuaban como subsidiarias de sus miembros, pero que también empleaban a los profesionales tanto en relación de dependencia como a través de contratos por prestaciones.  Esta situación se institucionalizó en la década de 1970 a través de las Obras Sociales sindicales, sustentadas en leyes especiales que les otorgaban la posibilidad de montar sus propias infraestructuras de atención, o contratar servicios externos, todos ellos financiados con los aportes patronales y de los propios afiliados obligatorios.
El Instituto Nacional de Obras Sociales ( INOS ) que agrupaba a dichos entes, generalmente establecía las condiciones de trabajo y la remuneración de los profesionales de la salud a través de comisiones especiales como la llamada " comisión permanente ", en la que participaban representantes del estado y delegados de las obras sociales y de las organizaciones profesionales que consensuaban los aranceles y retribuciones a abonar.  Estas acciones no generaban conflictos graves en tiempos de estabilidad económica y han sido abandonadas y reemplazadas por decisiones unilaterales que sumen al odontologo en una especie de entropía sin tiempos previsibles.
Las condiciones sociales que se fueron sucediendo, y que incidían desfavorablemente en las retribuciones de los asalariados afiliados, determinaron una restricción en los ingresos al sistema de seguridad social, un incremento de trabajadores no registrados y una imposibilidad de la población en general de asumir parcialmente los costos con aportes de su bolsillo.
Ya en Junio de 1981, ante la falta de actualización de los aranceles y la desvalorización de la moneda, las instituciones profesionales levantaron su voz a los efectos de evitar se llegue a situaciones extremas como consecuencia de la compresión de sus ingresos. No olvidemos que la seguridad social cubría en ese momento al 70 % de la población.
Comenzaba para ese entonces a desnudarse una verdadera colisión entre el sistema de salud con los prestadores de servicios. Las obras sociales y el sector público en general deben atenerse a pautas presupuestarias rígidas que resultan de la aplicación de retenciones o aportes en el primer caso, y de partidas y asignaciones en el segundo.  En cambio, el consultorio dental tiene un programa y un propósito de atención, el que a través de los insumos directos e indirectos y del honorario justo, genera un presupuesto que debe compensarse a través de los aranceles aplicables a cada prestación.
De allí surge la profunda diferencia entre los dos sectores. Normalmente cuando uno estima un costo, y la realidad es diferente a ese costo estimado, se adecua el costo estimado a la realidad. Este es el caso del consultorio privado.  Pero en el caso de los recursos financieros estandarizados, lo que se hace es que la realidad se vaya ajustando a ese costo. Este es el caso de los organismos públicos de la seguridad social. La subsistencia de retribuciones insuficientes y el atraso en los pagos es la consecuencia.
Las organizaciones de medicina prepaga, tal vez puedan ante una situación de conflicto con sus prestadores, echar mano a un incremento de las cuotas de los afiliados, corriendo el riesgo de provocar una desafiliación que comprometa su subsistencia, razón por la cual también recurren a las mismas modalidades restrictivas enumeradas.
Como puede observarse, no ha de resultar fácil que la integración de ambos sectores (prestadores y financiadores) se produzca en forma armónica y complaciente cuando el fundamento económico de cada uno de ellos arranca de una diferente concepción. Así aparecen las desviaciones del sistema de atención; las citas espaciadas, la calidad deficiente, la sobreprestación, el sobreconsumo y los topes individuales que resienten el sistema y no deja satisfechos ni a los profesionales ni a los pacientes.
Estas situaciones de conflicto se dan generalmente en las épocas de crisis económica, y así desde 1981 se han producido en numerosas oportunidades; y en una crisis como la actual, con alta inflación que deteriora la retribución profesional,  devaluación de la moneda que encarece los costos de los insumos directos ( gran parte de ellos importados ), y la mantención de una carga impositiva totalmente regresiva, era lógico de suponer que estallara más antes que después.
Las  instituciones dontológicas nacionales, provinciales y locales, han llamado la atención desde hace mucho tiempo en medios públicos de difusión,  sobre incrementos desmedidos en los insumos de uso diario (ver solicitada de la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires ), aunque también es justo reconocerlo que los aranceles luego pactados con las Obras Sociales y las empresas de Medicina Prepaga se hallan por debajo de lo que puede aceptarse como retribución digna y que los colegios profesionales no han logrado revertir a contrapelo de lo normado en sus propias leyes de creación.  El problema excede sin duda nuestras fronteras. En Brasil la situación también preocupa a las instituciones profesionales, las que han publicado llamados contundentes a la opinión pública.

Este es el momento oportuno para revisar el modelo de contratación colectiva llevado a cabo por las instituciones profesionales, y elaborar políticas que, sin desconocer que el ejercicio de la odontología ha dejado de ser libre en muchos aspectos, tampoco tiene porqué dejar de ser digno, y sin intentar recurrir a simplificaciones emocionales, será necesario que nuestros dirigentes hagan uso del conocimiento social y científico acumulado luego de mas de medio siglo, y sin dejar de lado la negociación como política institucional, no se desoiga la voz de los colegas que son los verdaderos soldados del sistema, que nunca bregarán por dejar sin cobertura a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, pero tampoco aceptarán ser el mecanismo de ajuste de una situación que los margina social y económicamente.