En varias publicaciones anteriores, nos hemos referido con insistencia a la necesidad imperiosa de evitar el abuso de drogas y medicamentos para casos en que no está comprobada su efectividad, pero fundamentalmente si no existe una indicación precisa de un profesional de la salud con atribuciones de prescripción.
Sin embargo, no hemos puesto el acento en aquellos casos que, recetados convenientemente bajo indicaciones precisas, los enfermos desisten de comprarlos por razones de índole económica, o no siguen las instrucciones en cuanto a dosis, disminuyendo las mismas o espaciando la ingesta.
En algunas publicaciones, hemos encontrado que aproximadamente el 8 % de los pacientes adultos, reconocieron no estar tomando los medicamentos en razón de los altos costos de los mismos.
La aplicación de las leyes sobre genéricos que se han aprobado en muchos paises, permite acceder a los fármacos recetados a un costo inferior, pero también se han detectado casos de enfermos que recurren a drogas importadas de paises en los que son más baratos
( en algunos casos sin regulación ), o directamente han probado terapias alternativas.
Las consecuencias graves de éstos hechos no se hacen esperar, y la situación suele agravarse requiriendo visitas de emergencia, hospitalizaciones y empeoramiento del cuadro clínico, lo que conlleva al desembolso de recursos por parte de los organismos públicos o financiadores, y aún de los propios afectados muy superiores a los costos de los medicamentos no consumidos.
En nuestro país, los colegios de farmacéuticos ponen el acento en casos comunes de enfermos que concurren con recetas de varios medicamentos que deben ser administrados en forma simultánea, pero sin embargo los adquieren en forma independiente en acuerdo a la posibilidad económica que dispongan en el momento.
Los sistemas de obras sociales y de medicina prepaga, en general cubren en forma parcial el costo de los medicamentos, con excepción de aquellos recetados para algunas enfermedades crónicas o patologías especiales que son cubiertas por la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo a quien se deriva el 10 % de lo recaudado por la Seguridad Social en su conjunto.
El Programa de Atención Médica Integral para jubilados y pensionados ( PAMI ), reconoce una cobertura del 100 % en los medicamentos de uso crónico o largo tratamiento, siempre que el enfermo no perciba una jubilación superior a una vez y media la asignación básica y en no más de cinco específicos, que pueden ampliarse previa justificación.
En general, la abstinencia parcial o total de la medicación, fundada en razones de índole económica, se observa con mayor frecuencia en personas adultas jóvenes, y en menor medida en mayores de 65 años. La situación que planteamos, que como ya dijéramos puede repercutir en la propia salud del enfermo, y en consecuencia genera un incremento de costos al sistema, debe ser analizada seriamente a los efectos de que, si se comprobara estadísticamente la relación de proporcionalidad inversa entre la abstinencia y los costos del sistema en general, pueda accionarse sobre los impedimentos que se esgrimen, tratando de incrementar la cobertura en medicamentos, y poder contrastar los cambios que se experimentan en el flujo de recursos con los que se afronta la cobertura de la salud de la población. Si el abuso en medicamentos es un mal que repercute sobre los enfermos y la comunidad en general, la abstinencia por razones económicas representa una muestra de inequidad que golpea sobre la base misma de nuestra sociedad.
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