EL RECURSO HUMANO PROFESIONAL
Entre todos los recursos que participan en la conformación del sistema de las Obras Sociales, tal vez el más relevante pero el menos consultado y recompensado es el de los profesionales de la salud.
Tanto en la elaboración de las normas, documentos, integración de los órganos de administración, fiscalización y toda otra actividad vinculada con el sistema, incorpora como actores fundamentales al Estado, los gremios ( que representan a los afiliados ) y los contribuyentes ( empleadores ), pero dejan de lado al recurso humano profesional, que en última instancia serán los responsables de la eficacia del sistema aunque no se lo quiera reconocer expresamente, pues siendo ellos ( profesionales, técnicos, establecimientos asistenciales etc. ) los prestadores directos y finales de la atención de la salud de los afiliados, la población los asocia necesariamente con las bondades o insuficiencias del sistema, no obstante no se les halla conferido injerencia alguna en su estructuración y dirección.
El registro nacional de prestadores que primitivamente fue establecido por imperio de la Ley 19.710, solo interviene en su catalogación en base a la naturaleza de su relación con el sistema, y a las modalidades de prestación de los servicios y los criterios de su consecuente remuneración, pero nunca los sienta a la mesa de discusión con muy raras excepciones.
El recurso humano profesional, ya de manera independiente a través de las relaciones de sus entidades profesionales, o en forma directa por su desempeño en las organizaciones hospitalarias públicas o privadas, constituye un gran porcentaje de la masa de trabajo disponible en el país, que en algún momento llegó a representar casi el 85 % el empleado en la seguridad social, por lo que no debemos sorprendernos que el propio ejercicio de médicos, odontólogos y demás recursos profesionales, vea impactado su accionar y aún su medio de vida por el sistema de salud y en especial por las Obras Sociales. Sin embargo ésta relación no comporta un antagonismo, y la obra social u otro instrumento del sistema ( público, prepago etc. ), a pesar de haber irrumpido en la propia vida de los profesionales, y haber perturbado en cierto modo la clásica relación profesional-enfermo, restringiendo en alguna medida su libertad de decisión, debe entenderse como un fenómeno social que debe ser debidamente interpretado, y aceptar que el afiliado de la obra social ya no es un elemento residual en la cartera de pacientes de los profesionales, sino un eslabón definitivamente incorporado a la actividad y desarrollo de las profesiones de la salud.
Ello se visualiza en el modo de acceso y participación en ésta demanda de servicios, como la conflictividad que introduce en la relación con el sistema, la organización del mismo a través de las formas de ejecución del acto profesional y su retribución.
La clásica y antigua clasificación de Roemer del sistema en DIRECTO, cuando la organización es prestadora de los servicios sin intermediarios, e INDIRECTO, cuando solo es financiadora, canalizando la demanda a terceros vinculados por distintos regímenes contractuales, hoy ya resulta anacrónico en la medida que existen multiplicidad de tipos de relación, casi tan amplia y dispar como el número de organizaciones que conforman la seguridad social.
En la mayor parte de éste tipo de sistemas, la libre elección del profesional por parte del paciente se halla ausente, o en todo caso se lleva a cabo sobre listados acotados cuyo ingreso a los organismos del sistema no obedece a ningún tipo de selección abierta.
La verdadera libre elección se da en los regímenes que financian las prestaciones por reintegro, o en aquellos en los que las obras sociales contratan con las instituciones profesionales, cuyos listados están abiertos no solo para el paciente, sino para el ingreso sin condiciones del profesional que lo desee. De cualquier manera, las organizaciones profesionales no participan en las decisiones de la obra social, y a veces ni siquiera se requiere su opinión sobre aspectos que les atañe, como las modalidades de prestación de servicios, las normas técnicas, la garantía de calidad y menos aún sobre los mecanismos remunerativos y su actualización.
En general los Círculos, Colegios, Federaciones o Confederaciones de profesionales, tratan de crear bolsas de trabajo para sus asociados, y sin renegar de sus legítimos derechos, suelen aceptar retribuciones que no responden a las estructuras de costos del ejercicio profesional que ellas mismas pergeñan. A ningún profesional se le ocurriría establecer categorías entre sus pacientes y brindarles atención diferenciada según sean privados o socializados, sin embargo nadie puede ignorar que el tiempo que puede emplearse para una prestación, y hasta la calidad de los insumos usados, integran la estructura de costos mencionada, y que cuando la remuneración no compensa dichos factores, el trabajo no resulta satisfactorio y la calidad se resiente. Ya no es posible escindir los núcleos motivacionales del ejercicio profesional, como la vocación de servicio, de los núcleos de interés económico, situación que no es espuria, porque es el medio legítimo de vida de quien ejerce una profesión y no dispone de otros recursos para ello.
Pero las Obras Sociales y el Sector Público en general deben atenerse a pautas presupuestarias rígidas que resultan de la aplicación de aportes y retenciones o de partidas y asignaciones fijas. El consultorio dental tiene un programa y un propósito de atención, el que a través de los insumos directos e indirectos, y del honorario justo, generan un presupuesto que debe compensarse a través de los aranceles aplicables a cada prestación. De allí surge la profunda diferencia entre los dos sectores. Normalmente, cuando uno estima un costo, y la realidad es diferente a ese costo estimado, se adecua el costo estimado a la realidad. Este es el caso del consultorio que atiende en forma privada y liberal. En el caso de los estándard es al revés; lo que se hace es que la realidad se vaya ajustando a ese costo. Este es el caso de los organismos públicos y de la seguridad social.
Como se ve, no ha de resultar fácil que la integración de ambos sectores se produzca en forma armónica y complaciente cuando el fundamento económico de cada uno de ellos arranca de una diferente concepción. Cuando esa integración no responde a una aceptación basada en el mutuo consenso y en la justa retribución, ocurre que aparecen las desviaciones del sistema de atención: la calidad deficiente, la sobreprestación y el sobreconsumo.
La retribución justa, por tanto, es un ingrediente infaltable en el trabajo profesional para las Obras Sociales.
En un estudio llevado a cabo en la Universidad de California sobre las estructuras de pagos a profesionales médicos, se llegó a la conclusión que cuando recibían bonos extras por su trabajo, los resultados que se obtenían en sus pacientes superaban la media habitual, y en general tendían a promover una mayor calidad de atención. Estos resultados, se repitieron en estudios realizados en el Baylor College of Medicine de Houston, y en general el hecho no es tomado como una decisión deliberada del profesional, sino más como una condición que le permite desarrollar y extremar sus recursos, que le permite una más extensa y mejor atención a su trabajo cuando recibe un incentivo.
Desde el punto de vista de la Odontología, el auge de la seguridad social ha determinado que la cobertura dental de los afiliados, se extienda cada vez más a lo largo del nomenclador y la demanda crezca exponencialmente. Dicha demanda de atención, genera al mismo tiempo un crecimiento de la demanda de profesionales en todas las formas que utiliza la seguridad social, y representa un atractivo para los nuevos egresados que son los que más sufren la desaparición paulatina de la atención en forma privada-liberal.
La prestación de los servicios se realiza por los cánones clásicos de la relación de dependencia, del contrato por prestaciones o por espacios de tiempo en la propia infraestructura de la obra social; o por tercerización a través de clínicas multiprofesionales, con odontólogos en forma individual o a través de convenios con instituciones profesionales, en todos éstos casos en sus propios consultorios. El trabajo puede retribuirse bajo las formas de capitación, cartera fija o por prestaciones. En muchos de éstos convenios, la obra social establece sus condiciones en forma unilateral imponiendo sus criterios, descartando los mecanismos de concertación que suponen la conciliación armónica de intereses.
Un aspecto que suele agraviar la relación profesional-obra social, es la imposición de un determinado número de prestaciones en un tiempo preestablecido unilateralmente, lo que en muchas ocasiones violenta al odontólogo y crea además un verdadero temor en la mente del paciente sobre el apresuramiento o desidia que en su opinión, atentarían contra su salud.
Esta situación, que encorseta la atención del profesional, y le obliga a atender más enfermos en menos tiempo para lograr una retribución aceptable ( aunque no digna ), lo único que favorece es la aparición de fatiga que suele ser la causal de una atención deficiente o de la producción de accidentes o complicaciones no esperables.
Al respecto, en 2009 Mateo Worrall del Colegio Real de Cirujanos escribió : " Hay mucha evidencia de que la fatiga excesiva conduce al deterioro del razonamiento y de las habilidades motoras. Pero parece que hay una verdadera falta de evidencia de la forma en que esa condición en un individuo, puede traducirse en daño para los pacientes ".
La fatiga, afecta negativamente funciones tales como:
VIGILANCIA
ALERTA
COORDINACION MOTORA PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
TOMA DE DECISIONES
Ignorar, o no reconocer la fatiga profesional, originada en condiciones apremiantes de trabajo, puede involucrar un alto precio en vidas o en fracasos terapéuticos, con el consiguiente costo para las personas y para los propios organismos de la seguridad social. Ocurre también en paralelo con la situación descripta, la falta de libertad científica que suele darse al momento de la prescripción de fármacos, cuando la Obra Social maneja vademécums restringidos, u opta por determinados medicamentos en desmedro de otros que en ciertas ocasiones son los indicados de acuerdo al diagnóstico aceptado.
La falta de una adecuada planificación de los regímenes de trabajo profesional, impacta en la estructura de costos de la salud en una proporción todavía no mensurada. Una medida tomada con criterios mercantilistas, a la larga suele resultar un boomerang en el saldo final del análisis de resultados. Valga como ejemplo, el de consumo de tabaco en Argentina. Los impuestos que el Estado recauda por la venta de cigarrillos asciende a 4.000 millones de pesos por año, pero el gasto en tratamientos y complicaciones originadas en ese mismo consumo, importa un costo médico y social ligado al tabaquismo de 5.000 millones.
Hoy en día, los profesionales de la salud no disponen de mecanismos institucionales que analicen en profundidad e impongan a través de negociaciones colectivas, condiciones de trabajo y remuneraciones acordes a la tarea de responsabilidad que les reclama el sistema. Ni el Ministerio de Salud a través de la S.S.S estableciendo una normativa obligatoria para los entes contratantes, ni el Ministerio de Trabajo aplicando la conciliación obligatoria en comisiones paritarias, intervienen en la relación laboral profesional-obra social.
Es vergonzoso reconocer que no se puede lograr en el marco de un gobierno constitucional, retornar a los mecanismos de concertación que se aplicaron a través de la Comisión Permanente que fuera puesta en vigencia por un gobierno de facto.
Los profesionales de la salud, solo aspiran a una participación orgánica y activa al estilo de las organizaciones obreras, en la obtención de normativas criteriosas y de remuneraciones dignas en el ámbito de la seguridad social.
CONTINUARÁ.
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