EL SISTEMA DE" OBRAS SOCIALES ", UN APORTE FUNDAMENTAL A LA SALUD EN ARGENTINA. ( cuarta y última parte ).

                                 CONCLUSIONES
 La mayor parte de los planes y reformas que se aplican en los sistemas de salud en el mundo, se afirman en éstas últimas décadas en los modelos de eficiencia económica frente a los reclamos de equidad y calidad en los servicios.
Así encarada la situación, la salud no se apartaría de los cánones clásicos de la industria y el comercio en general.
Sin embargo, el solo hecho de pensar en la salud como una mercancía, que se maneja en el mercado con las clásicas características de la oferta y la demanda, no contempla la situación de millones de seres humanos, que arrastrados por la globalización y los nuevos paradigmas impuestos por el capitalismo liberal, quedan excluidos en muchas regiones del orbe, enormes masas de seres humanos pobres y desprotegidos, que deben deambular enfrentando la enfermedad en un mercado en el que los espacios sanitarios han sido llevados a competir en la poderosa industria de la salud.
La salud para ricos y pobres, es una constante que se ha mantenido a lo largo de las décadas, pero el Estado ha debido hacerse cargo de la responsabilidad sobre dicha situación, no siempre con las herramientas adecuadas, y a veces traccionado por intereses que entrecruzan sus fuerzas en una especie de campo magnético, en el que prevalecen los que enfrentan a usuarios y prestadores, servicios médicos públicos y privados y a los sindicatos con el estado.
Mientras tanto, una gran parte de la población ve demorar la solución a su tragedia social de abandono y desesperanza, y en su miseria, todavía avizora un horizonte pleno de justicia social.
No obstante éste hecho dramático, en nuestro país casi la mitad de su población, con un aporte que se descarga de su salario ( cuando el trabajo se desarrolla en blanco ) y la contribución de los empleadores, se ha logrado estructurar un mecanismo, que imperfecto y a veces plagado de corruptelas, todavía permite lograr una atención médica, que si no alcanza los más altos estándares de calidad, por lo menos cumple con la protección de las familias en niveles aceptables.
No se puede desconocer que a través de una experiencia de 43 años en forma institucionalizada, las Obras Sociales han puesto en la superficie todo lo bueno y lo malo del sistema, en el que se juegan intereses, algunos sociales y también políticos y facciosos, no siempre legítimos, no todos espurios.
Ya nos hemos referido a los variados intentos de modificar el sistema, y a los continuos fracasos que, aún con la disposición clara del estado para encauzarlo, cayeron uno a uno en el saco de incongruencias, vanidades y prejuicios, evitando mejorarlo y manteniendo su atomización, sin que se pueda lograr un sistema integral e integrado.
Ni siquiera los gobiernos autocráticos se esforzaron en alcanzar los objetivos deseables a pesar de jactarse de su infalibilidad.  Los gobiernos democráticos promulgaron leyes que se transformaron en elegante letra muerta por imperio de los factores de poder, y el estado enfrascado a veces en imponer políticas centralizadas, a veces asfixiantes, y otras veces en políticas de mercado, de desregulación y de subsidiaridad, navega en un mar proceloso que no le permite hacerse cargo de fijar metas con claridad y con proyección de futuro.
Los asalariados por tanto, siguieron apoyando, aún con reservas, recelos y a veces con malhumor, su sistema.
El tema dio para que la propia Iglesia se ocupara del problema de los desposeídos ante los infortunios de enfermedad, y en la Pastoral del Episcopado Argentino de 1956, y otras posteriores, hacía referencia a la auténtica aspiración de elevar las condiciones materiales y morales de los asalariados. En la encíclica Quadragésimo Anno N° 35, el propio Vaticano también hacía mención a la necesidad de auxiliar a los miembros de la sociedad más necesitados.
Los distintos gobiernos, tampoco dejaron de expresar sus inquietudes, considerando impostergable la realización de estudios destinados a definir un sistema racional de atención de la salud para todo el país, con una adecuada financiación, que contemple las realidades regionales, los recursos disponibles, las necesidades insatisfechas y las aspiraciones, tanto de la población como de los profesionales que habrán de prestar los servicios.
Las Obras Sociales por supuesto, no constituyen en si mismas una política de salud, y si bien cumplen con una función que el estado dejó vacante, no se adentran en profundidad en los valores aceptados del derecho a la salud, la solidaridad social, la participación, las prioridades de la educación en las profesiones de la salud, la capacitación del personal, las tecnologías de la información y comunicación, la investigación y fundamentalmente en la necesidad imperiosa de coordinar e integrar los servicios, manteniendo en cambio un sistema pluralista que tiende a la dispersión.
La dependencia que las obras sociales mantienen con la infraestructura estatal y privada, fundamentalmente en las áreas de internación, análisis de laboratorio, estudios por imágenes, odontología etc., las torna ciertamente vulnerables desde el punto de vista económico, pero tampoco resultaría viable, aún en las más poderosas, intentar autoabastecerse, por lo cual deben asumir sin excusas su condición de entes financiadores en un gran porcentaje de prestaciones.
La desregulación vigente, les ha restado a muchas de ellas un elevado porcentaje de afiliados, y algunas se convirtieron en un trampolín de afiliados ( casi un 20 % del universo total hasta el momento ) que se traspasaron a la medicina prepaga, situación que determinó un notable incremento en sus carteras que llegaron a triplicarse en la última década, pasando de algo más de 2 millones , a 6,2 millones de aportantes.
Muchas de las leyes aprobadas a través de los años, no han sido derogadas, sin embargo su vigencia es parcial o directamente han sido ignoradas. La necesidad de marchar hacia un seguro de salud integrado, se agota en los foros de discusión y se rinde ante los intereses en pugna.
El crecimiento económico, es por ahora el motor que impulsa la sobrevivencia sin demasiados contratiempos de las obras sociales, ya que el sustento de su financiación surge de la dupla
aportante-contribuyente que generan los puestos de trabajo, pero la exclusión y la pobreza de una cuarta parte de nuestra población tiene clausurado el acceso a dichas instituciones, y su nivel de apenas subsistencia, le veda también por supuesto su atención en el sector privado, restándole solo la salud pública en manos del estado como su única opción, dada fundamentalmente a nivel del hospital público, abierto y gratuito, aunque a todas luces insuficiente.
La asimetría social y económica, categoriza a nuestro país como desigualmente desarrollado ( expresión de Lacerda en relación a Brasil ), y así como se ostenta un polo de riqueza en nuestra población con acceso a los más altos niveles de servicios de salud, también la sociedad expresa desniveles degradantes en su base, aunque es justo reconocerlo, una mitad puede casi sin excepciones acceder a niveles de salud aceptables en las obras sociales.
La ética en las profesiones de la salud, todavía sobrevive en la relación profesional-paciente, aunque como ya lo hemos analizado, en las obras sociales se va perdiendo gradualmente por cuestiones de desorganización, de extrema burocracia y de ignorancia sobre el verdadero valor del trabajo profesional, teniendo en cuenta que no son los afiliados al sistema los culpables de dicha situación, ya que su reconocimiento a los profesionales se demuestra día a día.
La bioética, alcanza a las obras sociales en la medida que deben enfrentar, no siempre con aptitud, las inéditas cuestiones planteadas por la ciencia y la tecnología.
La ética social, también las involucra por su participación en la atención de la salud de las comunidades, debiendo llevar a cabo los controles de eficiencia en el uso de sus ingentes ingresos, pero más importante aún, debe ser el estricto cumplimiento de los requerimientos de equidad, o sea, de la justa distribución de los recursos sociales para que alcancen a toda la población cubierta.
Estos flashes sobre la ética en las instituciones, nos recuerdan que todo sistema de salud, debe estar al servicio de las necesidades de salud de sus protegidos, en el contexto del respeto a los derechos de las personas.
Las Obras Sociales, con todo el esfuerzo que realizan para cumplir con su misión, todavía ostentan baches en los tres desafíos inherentes a las éticas analizadas.  La idea de integrarse en algún momento en un verdadero sistema de salud, tutelado por el estado, debe prevalecer en las mentes de sus dirigentes por sobre los apetitos y mezquindades que todavía persisten e impiden el goce de una digna atención de la salud a los 40 millones de habitantes de nuestro país.
EL AFILIADO Y EL PROFESIONAL EN LAS OBRAS SOCIALES, NO SON ENEMIGOS NI CONTRINCANTES, Y AMBOS DEBEN ASUMIR LAS ACTITUDES NECESARIAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE COMPRENSION QUE AYUDEN A DIGNIFICAR LA VIDA DE SUS FAMILIAS. 

EL SISTEMA DE " OBRAS SOCIALES ", UN APORTE FUNDAMENTAL A LA SALUD EN ARGENTINA ( tercera parte )

                 EL  RECURSO  HUMANO  PROFESIONAL

Entre todos los recursos que participan en la conformación del sistema de las Obras Sociales, tal vez el más relevante pero el menos consultado y recompensado es el de los profesionales de la salud.
Tanto en la elaboración de las normas, documentos, integración de los órganos de administración, fiscalización y toda otra actividad vinculada con el sistema, incorpora como actores fundamentales al Estado, los gremios ( que representan a los afiliados ) y los contribuyentes ( empleadores ), pero dejan de lado al recurso humano profesional, que en última instancia serán los responsables de la eficacia del sistema aunque no se lo quiera reconocer expresamente, pues siendo ellos ( profesionales, técnicos, establecimientos asistenciales etc. ) los prestadores directos y finales de la atención de la salud de los afiliados, la población los asocia necesariamente con las bondades o insuficiencias del sistema, no obstante no se les halla conferido injerencia alguna en su estructuración y dirección.
El registro nacional de prestadores que primitivamente fue establecido por imperio de la Ley 19.710, solo interviene en su catalogación en base a la naturaleza de su relación con el sistema, y a las modalidades de prestación de los servicios y los criterios de su consecuente remuneración, pero nunca los sienta a la mesa de discusión con muy raras excepciones.
El recurso humano profesional, ya de manera independiente a través de las relaciones de sus entidades profesionales, o en forma directa por su desempeño en las organizaciones hospitalarias públicas o privadas, constituye un gran porcentaje de la masa de trabajo disponible en el país, que en algún momento llegó a representar casi el 85 % el empleado en la seguridad social, por lo que no debemos sorprendernos que el propio ejercicio de médicos, odontólogos y demás recursos profesionales, vea impactado su accionar y aún su medio de vida por el sistema de salud y en especial por las Obras Sociales.  Sin embargo ésta relación no comporta un antagonismo, y la obra social u otro instrumento del sistema ( público, prepago etc. ), a pesar de haber irrumpido en la propia vida de los profesionales, y haber perturbado en cierto modo la clásica relación profesional-enfermo, restringiendo en alguna medida su libertad de decisión, debe entenderse como un fenómeno social que debe ser debidamente interpretado, y aceptar que el afiliado de la obra social ya no es un elemento residual en la cartera de pacientes de los profesionales, sino un eslabón definitivamente incorporado a la actividad y desarrollo de las profesiones de la salud.
Ello se visualiza en el modo de acceso y participación en ésta demanda de servicios, como la conflictividad que introduce en la relación con el sistema, la organización del mismo a través de las formas de ejecución del acto profesional y su retribución.
La clásica y antigua clasificación de Roemer del sistema en DIRECTO, cuando la organización es prestadora de los servicios sin intermediarios, e INDIRECTO, cuando solo es financiadora, canalizando la demanda a terceros vinculados por distintos regímenes contractuales, hoy ya resulta anacrónico en la medida que existen multiplicidad de tipos de relación, casi tan amplia y dispar como el número de organizaciones que conforman la seguridad social.
En la mayor parte de éste tipo de sistemas, la libre elección del profesional por parte del paciente se halla ausente, o en todo caso se lleva a cabo sobre listados acotados cuyo ingreso a los organismos del sistema no obedece a ningún tipo de selección abierta.
La verdadera libre elección se da en los regímenes que financian las prestaciones por reintegro, o en aquellos en los que las obras sociales contratan con las instituciones profesionales, cuyos listados están abiertos no solo para el paciente, sino para el ingreso sin condiciones del profesional que lo desee.  De cualquier manera, las organizaciones profesionales no participan en las decisiones de la obra social, y a veces ni siquiera se requiere su opinión sobre aspectos que les atañe, como las modalidades de prestación de servicios, las normas técnicas, la garantía de calidad y menos aún sobre los mecanismos remunerativos y su actualización.
En general los Círculos, Colegios, Federaciones o Confederaciones de profesionales, tratan de crear bolsas de trabajo para sus asociados, y sin renegar de sus legítimos derechos, suelen aceptar retribuciones que no responden a las estructuras de costos del ejercicio profesional que ellas mismas pergeñan.  A ningún profesional se le ocurriría establecer categorías entre sus pacientes y brindarles atención diferenciada según sean privados o socializados, sin embargo nadie puede ignorar que el tiempo que puede emplearse para una prestación, y hasta la calidad de los insumos usados, integran la estructura de costos mencionada, y que cuando la remuneración no compensa dichos factores, el trabajo no resulta satisfactorio y la calidad se resiente. Ya no es posible escindir los núcleos motivacionales del ejercicio profesional, como la vocación de servicio, de los núcleos de interés económico, situación que no es espuria, porque es el medio legítimo de vida de quien ejerce una profesión y no dispone de otros recursos para ello.
Pero las Obras Sociales y el Sector Público en general deben atenerse a pautas presupuestarias rígidas que resultan de la aplicación de aportes y retenciones o de partidas y asignaciones fijas.  El consultorio dental tiene un programa y un propósito de atención, el que a través de los insumos directos e indirectos, y del honorario justo, generan un presupuesto que debe compensarse a través de los aranceles aplicables a cada prestación. De allí surge la profunda diferencia entre los dos sectores.  Normalmente, cuando uno estima un costo, y la realidad es diferente a ese costo estimado, se adecua el costo estimado a la realidad. Este es el caso del consultorio que atiende en forma privada y liberal.  En el caso de los estándard es al revés; lo que se hace es que la realidad se vaya ajustando a ese costo. Este es el caso de los organismos públicos y de la seguridad social.
Como se ve, no ha de resultar fácil que la integración de ambos sectores se produzca en forma armónica y complaciente cuando el fundamento económico de cada uno de ellos arranca de una diferente concepción.  Cuando esa integración no responde a una aceptación basada en el mutuo consenso y en la justa retribución, ocurre que aparecen las desviaciones del sistema de atención: la calidad deficiente, la sobreprestación y el sobreconsumo.
La retribución justa, por tanto, es un ingrediente infaltable en el trabajo profesional para las Obras Sociales.
En un estudio llevado a cabo en la Universidad de California sobre las estructuras de pagos a profesionales médicos, se llegó a la conclusión que cuando recibían bonos extras por su trabajo, los resultados que se obtenían en sus pacientes superaban la media habitual, y en general tendían a promover una mayor calidad de atención.  Estos resultados, se repitieron en estudios realizados en el Baylor College of Medicine de Houston, y en general el hecho no es tomado como una decisión deliberada del profesional, sino más como una condición que le permite desarrollar y extremar sus recursos, que le permite una más extensa y mejor atención a su trabajo cuando recibe un incentivo.
Desde el punto de vista de la Odontología, el auge de la seguridad social ha determinado que la cobertura dental de los afiliados, se extienda cada vez más a lo largo del nomenclador y la demanda crezca exponencialmente.  Dicha demanda de atención, genera al mismo tiempo un crecimiento de la demanda de profesionales en todas las formas que utiliza la seguridad social, y representa un atractivo para los nuevos egresados que son los que más sufren la desaparición paulatina de la atención en forma privada-liberal.
La prestación de los servicios se realiza por los cánones clásicos de la relación de dependencia, del contrato por prestaciones o por espacios de tiempo en la propia infraestructura de la obra social; o por tercerización a través de clínicas multiprofesionales, con odontólogos en forma individual o a través de convenios con instituciones profesionales, en todos éstos casos en sus propios consultorios. El trabajo puede retribuirse bajo las formas de capitación, cartera fija o por prestaciones.  En muchos de éstos convenios, la obra social establece sus condiciones en forma unilateral imponiendo sus criterios, descartando los mecanismos de concertación que suponen la conciliación armónica de intereses.
Un aspecto que suele agraviar la relación profesional-obra social, es la imposición de un determinado número de prestaciones en un tiempo preestablecido unilateralmente, lo que en muchas ocasiones violenta al odontólogo y crea además un verdadero temor en la mente del paciente sobre el apresuramiento o desidia que en su opinión, atentarían contra su salud.
Esta situación, que encorseta la atención del profesional, y le obliga a atender más enfermos en menos tiempo para lograr una retribución aceptable ( aunque no digna ), lo único que favorece es la aparición de fatiga que suele ser la causal de una atención deficiente o de la producción de accidentes o complicaciones no esperables.
Al respecto, en 2009 Mateo Worrall del Colegio Real de Cirujanos escribió : " Hay mucha evidencia de que la fatiga excesiva conduce al deterioro del razonamiento y de las habilidades motoras. Pero parece que hay una verdadera falta de evidencia de la forma en que esa condición en un individuo, puede traducirse en daño para los pacientes ".
La fatiga, afecta negativamente funciones tales como:
                                  VIGILANCIA                                                   
                                  ALERTA                                                           
                                  COORDINACION MOTORA                                                          PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
                                TOMA DE DECISIONES

Ignorar, o no reconocer  la fatiga profesional, originada en condiciones  apremiantes de trabajo, puede involucrar un alto precio en vidas o en fracasos terapéuticos, con el consiguiente costo para las personas y para los propios organismos de la seguridad social.  Ocurre también en paralelo con la situación descripta, la falta de libertad científica que suele darse al momento de la prescripción de fármacos, cuando la Obra Social maneja vademécums restringidos, u opta por determinados medicamentos en desmedro de otros que en ciertas ocasiones son los indicados de acuerdo al diagnóstico aceptado.
La falta de una adecuada planificación de los regímenes de trabajo profesional, impacta en la estructura de costos de la salud en una proporción todavía no mensurada.  Una medida tomada con criterios mercantilistas, a  la larga suele resultar un boomerang en el saldo final del análisis de resultados.  Valga como ejemplo, el de consumo de tabaco en Argentina. Los impuestos que el Estado recauda por la venta de cigarrillos asciende a 4.000 millones de pesos por año, pero el gasto en tratamientos y complicaciones originadas en ese mismo consumo, importa un costo médico y social ligado al tabaquismo de 5.000 millones. 
Hoy en día, los profesionales de la salud no disponen de mecanismos institucionales que analicen en profundidad e impongan a través de negociaciones colectivas, condiciones de trabajo y remuneraciones acordes a la tarea de responsabilidad que  les reclama el sistema.  Ni el Ministerio de Salud a través de la S.S.S estableciendo una normativa obligatoria para los entes contratantes, ni el Ministerio de Trabajo aplicando la conciliación obligatoria en comisiones paritarias, intervienen en la relación laboral profesional-obra social. 
Es vergonzoso reconocer que no se puede lograr en el marco de un gobierno constitucional, retornar a los mecanismos de concertación que se aplicaron a través de la Comisión Permanente que fuera puesta en vigencia por un gobierno de facto. 
Los profesionales de la salud, solo aspiran a una participación orgánica y activa al estilo de las organizaciones obreras, en la obtención de normativas criteriosas y de remuneraciones dignas en el ámbito de la seguridad social. 

                                                         CONTINUARÁ.                                                                        

16 de Noviembre : DIA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA

 

EL SISTEMA DE " OBRAS SOCIALES ", UN APORTE FUNDAMENTAL A LA SALUD EN ARGENTINA ( segunda parte )

DE LA FILOSOFIA A LA PRACTICA

La disputa permanente entre el poder económico y el poder social, libró una nueva batalla en la intimidad del sistema de las Obras Sociales.  La parainstitucionalidad de éstos organismos, y la inmensa cartera de afiliados, hasta ese momento voluntarios, con  cobertura en casi todo el territorio, representaba un reto para los intereses liberales en los que se estructuraba la salud en el país.

El gobierno constitucional instaurado en 1946, no obstante su impronta sobre el sistema de seguridad social, en el área de la salud no dejó de mirar con buenos ojos al sistema de las Obras Sociales, pero la estrategia que desarrolló el Dr. Carrillo y que se mantuvo hasta el final del gobierno en 1955, se basaba en el montaje de una extensa infraestructura hospitalaria con una dependencia estatal absoluta al estilo de Francia e Inglaterra.                                           

El gobierno militar que tomó el poder en 1955, no hizo más que continuar con la política vigente, concluyendo algunas obras que habían quedado inconclusas y colocando intervenciones en las obras sociales. El gobierno democrático que tomó el poder en 1958, llevó a cabo una serie de modificaciones en el área de la salud pública bajo la supervisión del Dr. Noblía, pero en su escasa duración no logró implementar algunos planes en estudio, y recién la administración llegada al gobierno en 1963, con la conducción del Dr. Oñativia en el ministerio de salud, cuya ideología entroncaba en la solidaridad social representada por el sistema de Obras Sociales en funcionamiento, y con la mira puesta en algunas deficiencias detectadas por la Comisión Nacional de Obras y Servicios Sociales creada por la ley 17.230/67 y la Comisión Coordinadora de Servicios Sociales Sindicales, creada por el Decreto 2318/67, se concluyó que el sistema presentaba una gran dispersión de esfuerzos y recursos, una absoluta carencia de coordinación e integración, falta de asistencia técnica, etc..

Aún habiendo sido derrocado el gobierno por un golpe militar en 1966, con la complacencia de algunos sectores sindicales que se sintieron contrariados con el informe, los estudios llevados a cabo, aceptados por el equipo de Holmberg, Mondet y sus colaboradores, permitieron que el gobierno militar sancionara la Ley 18.610 en Marzo de 1970, con el propósito de introducir un cambio estructural, a cuyo efecto la ley crea el Instituto Nacional de Obras Sociales ( INOS ) destinado a subsanar las deficiencias descriptas, y que se integraría con los actores involucrados en la problemática de las Obras Sociales, el Estado, los trabajadores y los empresarios, ya que éstos últimos pasaban a ser contribuyentes del mismo.                                                                                              

La ley estatiza el sistema, y a través de una ley posterior, la 21.640 de 1977, desvía al estado gran parte de los fondos ahora recaudados en forma obligatoria sobre un porcentaje de la remuneración ( 4,5% a cargo del empleador, 2% a cargo del trabajador mas 1% por todo el grupo familiar ), y finalmente confisca el patrimonio de las Obras Sociales y los declara de naturaleza pública. Cabe mencionar que las Obras Sociales y el Instituto de Jubilados, ley 19032 ( PAMI ), son administrados por el estado a nivel del país total, lo que no ocurre con las obras sociales provinciales, que si bien pueden adherirse al sistema, en su gran mayoría se amparan en sus respectivas constituciones que hacen valer la no delegación de poderes al gobierno central en cuestiones de seguridad social y salud acordada en los pactos preexistentes.                                                               

Vale la pena reconocer algunos aspectos positivos de la ley 18.610, entre los que pueden destacarse la coordinación e integración de las obras sociales, especialmente en el interior del país, conformando un grupo de casi 30 asociaciones que le permitían a las menos dotadas presupuestariamente poder brindar prestaciones de calidad en igualdad de condiciones con las más poderosas.

Tal como el estado concebía a las Obras Sociales, a las que debió aceptar como un hecho consumado, eran instituciones financiadoras de la salud a las que no les reconocía la facultad de montar infraestructura propia. Sin embargo, muchas de ellas construyeron centros asistenciales y elaboraron políticas que les permitieran cubrir con holgura el creciente número de afiliados. Ya en 1980, el sistema amparaba a un universo de 18 millones de personas, lo que representaba casi el 70 % de la población del país. 

El estado no obstante, había aceptado la construcción de verdaderos centros hospitalarios polivalentes como el Hospital Ferroviario, los hospitales de las Fuerzas Armadas y algunos otros de menor envergadura, pero seguía manteniendo como opción a futuro de una política de salud, la coordinación e integración de todos los efectores públicos, de las Obras Sociales y privados, enfrentando siempre una férrea oposición del gremialismo, quien en última instancia, fue el causante del fracaso del Sistema Nacional Integrado de Salud ( SNIS ), y la Carrera Sanitaria Nacional aprobados por ley 20148 de 1974 luego derogada en 1978.  Así el sistema, con sus más y sus menos, sobrevive hasta la promulgación de la ley 22.269 de 1980 que reemplaza a la 18.610, por parte del gobierno militar. Esta ley tiende a fortalecer los mecanismos de control y establece la libre elección de los beneficiarios dejando de lado la cautividad por rama, actividad y lugar de trabajo. Los aportes y contribuciones fueron incrementados, los traspasos de afiliados fueron muy escasos, y la ley prácticamente no llegó a aplicarse en su totalidad.                                                                     

Durante el gobierno constitucional que asumió en 1983, el tema de la salud fue una constante preocupación, y especialistas como Neri y sus equipos de trabajo propusieron un cambio en las modalidades de enfocar la salud de la población. Así a principios de 1989, se aprueban dos cuerpos legales, la 23.660 de regulación de las Obras Sociales y la 23.661 del Seguro Nacional de Salud, las que todavía siguen vigentes pero no consiguieron su aplicación en todo el ámbito del país.  La década de 1990, representativa del paradigma liberal, con su cortejo de ajuste económico y reforma del Estado, también impacta sobre la salud apoyando al mercado como asignador de recursos, y un retiro del Estado como promotor del bienestar asumiendo un rol subsidiario, tal como lo proponía el enfoque " Invertir en Salud " del Banco Mundial en 1993.           

El resultado apunta a una ruptura de los mecanismos solidarios e introduce nuevamente la libre elección de los beneficiarios de las Obras Sociales, fomentando nuevamente la desregulación y la  apertura hacia la medicina prepaga.                                                

El INOS, que había sido reemplazado por la ANSSAL en la ley 23.661, es ahora incorporado a la órbita del Ministerio de Salud 

conformando la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que controla las Obras Sociales, crea la Administración de Prestaciones Especiales ( APE ) y el Fondo Solidario de Distribución ( FSD ), administrados por el Estado con participación de la dirigencia gremial.                                                                                          

La crisis del 2001, encuentra un mercado de salud atomizado que, con la declaración de la emergencia sanitaria, induce  la puesta en práctica del Plan Médico Obligatorio ( PMO ), complementado a lo largo de la década por otras medidas como la Ley 26.662 y Decreto 1993 en 2011, que regula la medicina prepaga

   y la Resolución 1444/2013 que refuerza la Resolución 1200/2012 del Sistema Unico de Reintegros ( SUR ).                                     

Cumplidos 43 años de la institucionalización de las Obras Sociales 

todavía no se ha propuesto una política de organización sanitaria nacional, y no obstante haber adoptado algunas normas tendientes a la preservación de políticas inclusivas y universales, no se visualizan cambios y se perpetúa la atomización de los efectores de la salud.                                                                                              

La cantidad de Obras Sociales, que en otros tiempos ascendía a casi 400, en la actualidad son 300, que cubren a un universo de 19 millones de afiliados ( 46 % de la población ), lejos del 70 % de los años 80; los aportes y contribuciones representan el 3 % y 6 % respectivamente y la situación de desigualdad que impone éste sistema, asienta en una realidad de precariedad laboral que según el INDEC, se corresponde con un trabajo informal ( sin aportes ) que llega al 34,5 de los asalariados.                                                          

 

 

                 Los cuadros y gráfico, corresponden al sistema de Obras Sociales vigente en 2013.

 

CONTINUARÁ

DIA DE LA TRADICION ARGENTINA

El día de la Tradición, es el reconocimiento a la identidad argentina a través de uno de los personajes representativos del ser nacional, José Hernández, quien puso todo su empeño en defender a sus paisanos de las injusticias que se cometían contra ellos. 

DIA NACIONAL DEL DONANTE DE SANGRE

EL SISTEMA DE " OBRAS SOCIALES ", UN APORTE FUNDAMENTAL A LA SALUD EN ARGENTINA. ( primera parte )

                                INTRODUCCION

El estudio y comprensión del actual sistema de Obras Sociales, constituye un aporte al conocimiento y revisión de una realidad vital para el país, que afecta por igual a las políticas de salud y de la seguridad social, en un momento crucial para ambas en cuanto se desarrollan prestando servicios esenciales a un gran porcentaje de la población.
Hay una Argentina real, parcialmente inadvertida pero vital. En ella se palpita y vive una realidad cambiante, inquieta, tal vez inorgánica, pero no menos auténtica.
En ese ámbito vital, se mueven instituciones de todo tipo, que asumen modalidades creativas mas allá de sus estructuras legales.
Las Obras Sociales constituyen un buen testimonio de esa Argentina real y viviente, conformadas por millones de personas que buscan la cobertura de su salud y otras que a través de su desempeño profesional intentan brindársela.
Esas instituciones nacieron al calor de los sindicatos, crecieron en base al sustento político, sufrieron los embates de la incomprensión y de los intereses contrapuestos, y también se autoinfligieron daños
por los males que la propia política las obligó a contraer.
Sin embargo, mas allá de la posición cambiante de sus dirigentes, desarrollaron una ciclópea tarea en el ámbito de la seguridad social, brindando servicios de salud, de protección social y de esparcimiento, cubriendo la totalidad geográfica del país y llegando a contener a casi las tres cuartas partes de la población.
El papel preponderante que éste sistema, tal vez único en el mundo, desempeñó en la sociedad argentina, permitió un creciente entrecruzamiento de intereses entre usuarios y prestadores, servicios públicos y privados, administrativos y empresariales, sindicales y patronales, etc. que signaron su devenir.
No obstante, ni al observador más desprevenido se le escapa, que éstas instituciones son el fruto del movimiento de los trabajadores, a pesar que desde su nacimiento fueron atravesadas por los espacios del poder, tanto político como económico y militar.  También justo es reconocerlo, se constituyeron en verdaderas corporaciones que embarcadas en los intereses en pugna que signaron algunas decisiones para integrarlas en un verdadero sistema sanitario nacional , su oposición a perder ciertos privilegios las constituyó en escollos insalvables para el logro de políticas consensuadas en el ámbito de la salud.
Fueron los propios trabajadores quienes, huérfanos de una asistencia sanitaria que los abarcara eficazmente, con independencia de las posibilidades que les ofrecía el sistema público a través de su red hospitalaria, decidieron asumir las respuestas a las problemáticas que le planteaba el movimiento obrero. Así trabajadores y sindicatos van consolidando un sistema 
autofinanciable no regulado por el estado, que para mediados de la década de 1960 cubría a un conglomerado de 7 millones de afiliados entre los trabajadores y sus familias.
Por tanto el vacío dejado por el estado, con una creciente desprotección de la población de menores recursos, iba siendo ocupado por las Obras Sociales, que se sumaban a las mutualidades, cooperativas y centros hospitalarios de colectividades que ya venían desarrollando una inmensa tarea en la cobertura de salud. La beneficencia social, que el estado y algunas instituciones de beneficencia privada mantenían desde principios del siglo XX, eran acompañadas por éste nuevo movimiento integrado al gremialismo institucionalizado que entendía el cambio como un reemplazo de la beneficencia por la solidaridad.
La concepción liberal que estructuró la prestación de servicios de salud en el país, y aún la izquierda marxista, le desconocían a los gremios la facultad de inmiscuirse en la temática de la seguridad social, a quienes imputaban la ambición de dotarse de recursos financieros, hacer política y enquistarse en la conducción sindical.
Lo que sí se puso en evidencia, es que la parainstitucionalidad de éstos organismos, y el empirismo al que respondía su funcionamiento, generó deficiencias que requerían una corrección.
Así el estado decide asumir la responsabilidad de darle al sistema un verdadero sentido de organicidad, e imponer mecanismos de cambio tratando de no desvirtuar su filosofía primigenia.

                                                            CONTINUARÁ
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CONSEJOS BIBLICOS PARA LOS PLANIFICADORES

                                                            LatamIsrael.

El poder económico se hace cada vez más invisible a medida que aumenta su fusión con el poder político, y simultáneamente crece el sentimiento de impotencia individual.
El trabajo en equipo debe impulsar a construir una pirámide de talento social cuya ancha base pueda sustentar eficazmente al vértice conductor y creativo.
Ningún ser humano, debe creerse un referente mesiánico o un decisor irreemplazable.  La explosión del conocimiento plantea el peligro de la fragmentación intelectual, y la incertidumbre aumenta en proporción directa a la expansión de lo que se sabe, pero cuanto más conocimiento se atesora, aumenta la generalización superficial del mismo.
Los equipos formados por individuos con distintos saberes más especializados, ayudan a la toma de decisiones lógicas y transformadoras.  Los sentimientos gregarios y comunitarios deben ser estimulados, pero no más allá del aislamiento grupal y de la promoción de conflictos de intereses intergrupales.

LLEGÓ A SU FIN LA AMALGAMA DENTAL ????

En un artículo que publicáramos en éste blog el 1° de Diciembre de 2010, que integraba una serie denominada " Odontología y Ecología ", hacíamos mención al peligro potencial que representaba para los odontólogos el empleo del mercurio en su práctica.
Nadie puede desconocer el éxito de la amalgama dental como material de obturación de las cavidades de caries durante varias décadas, pero también es cierto reconocer que, a partir de la tragedia sucedida en Minamata, Japón en 1953, en la que se produjeron muertes y complicaciones graves por un derrame de mercurio en la bahía, y que dio origen a la denominación del daño como " mal de Minamata " que no es otra cosa que el mercurialismo, se introdujo una preocupación.
Tanto la OMS como el Dpto. de Medio Ambiente de Canadá, llevaron a cabo sendos estudios sobre el problema, y éste último concluyó que " 1/3 de la carga de mercurio de los sistemas de aguas residuales se debe a las amalgamas de la práctica dental ", con lo que se agregaba al efecto nocivo sobre el profesional, un impacto patológico sobre la propia comunidad. No debemos olvidar que el mercurio constituye casi el 50 % de la amalgama, y que su uso implica derrames involuntarios, desechos y hasta posible absorción por el propio organismo portador de dichas obturaciones.
Luego de innumerables estudios e informes de organismos nacionales e internacionales, con el patrocinio de la organización Salud sin Daño, se firmó el Convenio de Minamata en Kumamoto, Japón, con motivo de la Conferencia de Plenipotenciarios desarrollada en los primeros días de Octubre. El convenio permanecerá abierto a la firma de los Estados Miembros de la OMS, que lanzó la iniciativa " Salud Libre de Mercurio en el año 2020 " y también de organizaciones regionales de integración económica, en Kumamoto, y posteriormente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 9 de Octubre de 2014.
Al llamamiento que la directora general de la OMS hiciera al respecto, se sumó el de la directora de la OMS para Salud Pública y Medio Ambiente, María Neira expresando, " Vamos a trabajar con los gobiernos para garantizar que puedan cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención ".
ACCIONES DEL MERCURIO:

                                                   El mercurio es un elemento que está presente de forma natural en el aire, el agua y los suelos. La exposición al mercurio, aún en pequeñas proporciones, puede originar graves problemas de salud, siendo potencialmente peligroso en el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de la vida.
Puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, para el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos.
La principal vía de exposición humana es el consumo de pescados y mariscos contaminados por el consumo de plancton, el contacto en las industrias que lo utilizan como insumo y en la práctica dental.
Entre los factores que determinan eventuales efectos sobre la salud, así como su gravedad pueden mencionarse:
                       La forma de mercurio de que se trate
                       La cantidad que se absorbe
                       La edad o el estado de desarrollo de la persona
                                                              expuesta
                       La duración de la exposición
                       La vía de exposición (inhalación,ingestión,contacto)

La principal consecuencia sanitaria de la acción del mercurio es la alteración del desarrollo neurológico. Por dicha razón la exposición a ésta sustancia durante la etapa fetal, puede afectar ulteriormente al pensamiento cognitivo, la memoria, la capacidad de concentración, el lenguaje y diversas aptitudes motoras en el niño.
Indudablemente el ciclo principal de contaminación mercurial, hasta la producción del mercurialismo, es el propio ser humano, sin descartar las acciones de la sustancia por su presencia natural.
Tras la inhalación o ingestión de compuestos mercuriales o su exposición cutánea, pueden aparecer trastornos neurológicos y del comportamiento con síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefaleas y disfunciones cognitivas y motoras.

En personas expuestas durante un tiempo prolongado a niveles atmosféricos de al menos 20 microgramos de mercurio elemental por metro cúbico,  pueden observar signos leves de toxicidad para el sistema nervioso central. Efectos como la proteinuria e insuficiencia renal han sido reportados.
Algunas recientes investigaciones han demostrado un efecto nocivo sobre las paredes arteriales aumentando los niveles de la ciclooxigenasa-2 y de la NADPH oxidasa.
También se ha demostrado que los adultos jóvenes que tienen un nivel más alto de mercurio en su organismo, aumentan en un 65 % el riesgo de contraer diabetes tipo 2 en un momento posterior de sus vidas.
La gradual eliminación del empleo del mercurio en la industria y en otras actividades como la práctica dental, se ha asumido como un compromiso de muchos países, entre ellos el nuestro, y en nuestra profesión odontológica la necesidad resulta imperiosa en cuanto a su reemplazo por materiales y procedimientos más saludables.
Las instituciones y profesionales de la medicina encargados de brindar cobertura y atención a los odontólogos, deben tener muy presente la posibilidad de involucrar al mercurio en la etiología de muchas afecciones que se endilgan a otras causales. La investigación de los niveles de mercurio en sangre y orina, como en la composición atmosférica de su lugar de trabajo, es una obligación a los efectos de prevenir males mayores y encarar los tratamientos en forma más efectiva.
"Con la firma de la Convención de Minamata conseguiremos proteger al mundo para siempre de las devastadoras consecuencias que el mercurio tiene en la salud " ha manifestado la Directora General de la OMS.
El compromiso de los países, instituciones, profesionales y población en general, resulta indispensable para la obtención de los niveles de salud que la gente requiere; en cuanto al mercurio, será el de encarar la firme decisión de eliminarlo definitivamente de todas aquellas acciones y usos que lo cuentan todavía como un componente esencial.