No en pocas oportunidades, en ciertos paises, cuando los vaivenes de la economía afectan el resarrollo y el comportamiento de los índices de crecimiento y de la actividad en general, se echa mano a decisiones que apuntan casi siempre a un ajuste de ciertas variables que suelen comprometer la seguridad social, la salud y hasta la vida de las personas.
Los desembolsos que originan el pago de las jubilaciones, pensiones, subsidios y de los servicios públicos de salud y educación suelen verse afectados, y como consecuencia, grandes porciones de la población sufren recortes que comprometen su nivel de vida y hasta su propia vida.
El componente más vulnerable de la población que sufre éstas consecuencias suelen ser los pobres y los ancianos.
Con referencia al grupo etário que supera los 65 años, en su gran mayoría son dependientes de los aportes de la seguridad social que maneja el estado, y en ciertas oportunidades han sido tomados como variable de ajuste.
Algunos paises sin embargo, han establecido límites a los efectos de no perjudicar a éstas personas basados en criterios opuestos al malthusianismo y tendientes a proteger a los mayores.
Un ejemplo que se conoce desde siempre, es el respeto y veneración que en Japón se profesa sobre la tercera edad. De hecho el calendario cuenta con un día festivo denominado "Día del respeto a los adultos mayores" (Keiro No Hi), a través de cuya celebración se pretende honrar a los ancianos japoneses y sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la experiencia de aquellos que han servido por muchos años a la población. Es un día cargado de significado y portador de un mensaje para las nuevas generaciones, y se trata de no interferir en forma negativa en sus ingresos económicos y en sus cuidados de salud.
Sin embargo desde el año 2013, y al borde de una recesión, y bajo la furia de un tsunami cuyas devastaciones influyeron de sobremanera en los gastos del estado para apurar la reconstrucción, una casi intolerable política de austeridad llevada a cabo por el poder ejecutivo, puso en tela de juicio todo lo que otrora se consideraba intocable. Resulta aleccionador reproducir algunas expresiones del entonces ministro de economía, Taro Aso, para comprender la doble ética que en tiempos difíciles suele aplicarse a un segmento tan vulnerable de la sociedad como las personas mayores.
Si se tiene en cuenta que casi el 25% de la población japonesa supera los 65 años, que solo una quinta parte se mantiene activa, y que al rededor del 30 % de ese grupo etario supera los 80 años, puede tenerse una idea del daño al que se lo puede someter aplicando una política de ajuste sobre dicho sector.
Resulta francamente incomprensible que paises como Japón y muchos otros de los considerados desarrollados, especiálmente en las sociedades occidentales en los que se observa un rechazo sobre la tercera edad, hayan adherido en su momento a declaraciones y documentos internacionales y propios en los que proponían lo contrario.
Desde las antíguas tribus nómades, hasta los griegos y romanos, el respeto a los ancianos era un verdadero paradigma social. Desde las leyes de cualidades de Maimónides (Hiljot Deot) hasta la constitución de los EE.UU y la Revolución Francesa, la veneración por los viejos (los más sabios) era una imposición indiscutible.
A finales del siglo XIX y hasta mediados del XX, incluyendo las doctrinas de Bismark en Alemania y Beveridge en Inglaterra sobre seguridad social, una visión protectora sobre los mayores prevaleció como axiomática en dicha materia. En 1935, la Social Security Act de los EE.UU puso énfasis en el cuidado de la tercera edad, y todas las políticas desarrolladas al respecto, basadas en la Declaración de Brasilia, dieron orígen en nuestro continente a la
" Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe ", adoptada en Costa Rica en 2012, con el auspicio de la CEPAL y la ONU. Dicha carta reafirma " el compromiso de los firmantes de no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, y crear redes de protección de las personas mayores para hacer efectivos sus derechos".
En nuestro país, que cuenta desde hace muchos años con una serie de disposiciones sobre los derechos de los ancianos, funciona en la estructura del Ministerio de Desarrollo Social la "Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores", a través de la cual se dictó la "Carta de Derechos de las Personas Mayores" que incluye entre las políticas sociales que desarrolla el ministerio, "poner el eje sobre los derechos para la protección de la familia, la generación de empleo y la participación ciudadana", y en lo que respecta a las personas mayores, "la adopción de medidas destinadas a acentuar su seguridad social y su derecho a los servicios de salud", lo que es considerado como una responsabilidad prioritaria e indelegable del Estado al considerar a las personas mayores como sujetos de derecho.
En éstos últimos tiempos, hemos recibido mensajes de algunos funcionarios del gobierno, que contradicen lo que el estado se comprometió a respetar y descargan en el sistema de seguridad social las culpas de la situación económica delicada por la que atraviesa el país.
No siempre que se firma y acuerda una disposición de compromiso llega a cumplirse totalmente en la práctica, y a veces se producen retrocesos que atentan contra los derechos establecidos para las personas mayores. Lo ocurrido con la desafortunada declaración de un ministro, que representa sin duda los lineamientos de una política económica, vacía de contenido social y humano, debe constituir un llamado de atención para las democracias del mundo y crear en los pueblos una conciencia crítica que impida se lleven a cabo retrocesos que atenten contra los grupos más vulnerables.
