La ausencia de una verdadera representatividad gremial de los odontologos que prestan servicios en la seguridad social, ya sea en dependencia directa de las organizaciones proveedoras o a través de convenios directos o institucionales con las mismas, representa una barrera legal al momento de determinar los aranceles a cobrar, los que normálmente son fijados en forma unilateral por parte de las patronales.
Con alguna rara excepción, como lo fué en su momento la "Comisión Permanente" que funcionara hace muchos años en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, no se han obtenido paritarias conducentes.
Las instituciones odontológicas de libre agremiación como Círculos, Asociaciones, Federaciones y aún la Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA), no actúan como verdaderas entidades gremiales, ya que por un lado no ostentan dicha categoría legal, y por otro en general, poséen una débil capacidad de negociación y en general aceptan con escasa reticencia las ofertas de los contratantes de servicios para sus listados de profesionales. Los Colegios Odontológicos fijan aranceles mínimos éticos que en general no están en condiciones de hacer cumplir, ni a sus colegiados ni a quienes los contratan.
Así el escenario que se visualiza en la actualidad, no contempla ni las necesidades y pretenciones arancelarias de quienes trabajan para la seguridad social y las organizaciones de prepago, ni siquiera sus reclamos por las condiciones de trabajo, la cobertura social y hasta no hace mucho tiempo un listado digno de prestaciones mínimas.
Este listado fué impuesto en su momento por el Programa Médico Obligatorio (PMO), ampliando las clásicas prestaciones cubiertas pero sin instrumentar ningún mecanismo que contemplara los reclamos de los profesionales.
Así las paritarias, que constituyen un derecho adquirido por todas las organizaciones gremiales del país, no alcanzan a los profesionales de la salud, quienes no disponen de alternativas válidas para la defensa de sus intereses.
En las comisiones paritarias, constituidas por los dadores de trabajo y por quienes los ejecutan, por lo general se analizan las estructuras de costo de un producto o servicio al que se le consigna un precio de mercado, y dentro de las variables que intervienen en dicha estructura se hace jugar la participación del salario a devengar, el que a su vez se analiza en función de variables que afectan la actividad (situaciones de recesión, inflación, desempleo, etc.).
Por supuesto, que ninguna de éstas características son tenidas en cuenta al fijar las retribuciones de los profesionales de la salud en los sistemas de la seguridad social (pública y privada), y mucho menos teniendo en cuenta que lo que se retribuye no es un bien de consumo, sino social, que es la salud, en la que los desniveles de retribución impactan, aún sin quererlo, en la calidad de la atención.
Esta situación, explota en el momento en que se introduce en el ámbito de la salud el concepto de "medicina gerenciada", a la que BOSCH definió como: "cualquier intervención sistemática, sostenida y organizada, que afecte favoráblemente la calidad y los costos de la atención de la salud en una población definida, vinculando responsáblemente entre sí a los compradores, los financiadores y los prestadores de servicios. Es requisito indispensable en ésta ecuación, la responsabilidad de medir y monitorear la calidad de la atención brindada, no solo en sus aspectos técnicos sino también en cuanto al estado de salud de la población, la satisfacción de los usuarios y la satisfacción de los prestadores".
En el contexto de ésta definición se pone énfasis en la "satisfacción" de usuarios y prestadores, y según lo que se viene observando con el correr de los años, ni unos ni otros se sintieron alcanzados por dichos objetivos.
Lo que ocurre es que aquí no se analizó a fondo la estructura de costos. Ya hemos visto lo que sucede cuando se pretende brindar un servicio a un costo irrazonable. Si tomamos como ejemplos las tarifas del transporte y de los servicios públicos en general, cuando no son compensatorias deben subsidiarse. Y si, como en el caso de nuestro país en los últimos años, éstos subsidios se desviaron y no fueron aplicados en inversiones para el mejoramiento de los servicios, éstos a la postre resultan ineficientes.
En la década de los años 1990, el descontrol y la falta de integración entre los distintos sistemas de la seguridad social (pública y privada), llevó a establecer en forma obligatoria un mínimo de prestaciones de salud que se consideraban adecuadas para que los afiliados recibieran una atención básica para su cuidado.
Así nace el Programa Médico Obligatorio (PMO), creado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 492 de 1995 y reglamentado por la Resolución 247 del 17 de Mayo de 1996 del Ministerio de Salud de la Nación.
En el área de la Odontología se estableció un listado de prestaciones básicas que con algunas modificaciones quedó constituido de la siguiente forma :
Como se desprende, el listado no cubre un sinnúmero de prestaciones del nivel de recuperación de la salud, y ninguna del de rehabilitación (prótesis, ortodoncia). Sin embargo es justo reconocerlo, que muchas obras sociales y empresas de medicina prepaga ampliaron el listado, ya cubriendo totálmente las prestaciones, otorgando un porcentaje sobre valores acordados, o reintegrando sumas fijas sobre lo abonado previamente por los afiliados.
Lo que no se logró sin embargo, es establecer un mecanismo decoroso para la fijación de los aranceles con la participación de la profesión organizada, razón por la cual no se contemplaron sus justos reclamos, lo que de alguna u otra manera tuvo su influencia en la calidad de los servicios, y al mismo tiempo alentó algunas corruptelas o inescrupulosidades que colisionan con la ética profesional.
Los odontólogos, tampoco se preocuparon demasiado en que sus entidades representativas asuman un rol más enérgico en la discusión de los aranceles, y en muchos casos prefirieron rendirse a la fijación unilateral de los mismos que perder alguna fuente de trabajo, inequitativa pero segura.
El gremialismo odontológico es prácticamente inexistente en nuestro país, y el odontólogo no ha sabido mantener la impronta de sus tradiciones de ejercicio privado-liberal en un mundo que sí lo es, tal como lo manifestara Samuel Huntington en relación a las economías del sudeste asiático. Y no es que se pretenda trabajar en un régimen privilegiado, pues cuando los profesionales de la salud debieron adecuarse a proyectos comunitarios o a sistemas sociales, lo hicieron con el convencimiento de que su misión en la sociedad supera los clásicos compromisos de otros grupos poblacionales, en la medida que la sociedad los ha ubicado como responsables de un bien tán caro para la gente como es su salud.
La pobreza y la enfermedad no nos es desconocida. El futuro de la seguridad social requiere una revisión de fondo, y los profesionales de la salud merecerán una inserción sincrónica con el conjunto de los demás sectores. Los estudios sobre los enormes gastos en la atención de la salud que crecen ininterrumpídamente a valores que oscilan en un 15 y un 50 % anual, (lo que se agrava con el envejecimiento progresivo de la población), los costos del avance tecnológico y las deficiencias en la administración, conducen irremediáblemente a prever una crisis del sistema.
El odontólogo de práctica general requerirá de aguzar su espíritu clínico, asumiendo a dicho efecto un rol insoslayable la propia universidad.
Una pérdida de vigencia de dicho espíritu en la profesión ya se avizoraba desde la revolución flexneriana con el encumbramiento del especialista. Una sólida formación clínica y bioética debe reclamársele para enfrentar los desafíos del futuro. Pero el marco asistencial que lo contiene no debe depender únicamente de las decisiones que emanan de los dadores de trabajo, sino que debe también participar en la fijación y programación de las políticas, que deben respetar sus reales merecimientos y compensaciones para poder sostener sin fisuras esa relación intransferible entre él y su paciente que los beneficie a ambos en un diálogo de comprensión y mútuo respeto.
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